Que es la LEY MACRON

¿Qué significa?
Un conductor que efectúa operaciones de transporte de o hacia Francia, así como cabotaje, está sujeto a un SMIC (salario mínimo francés) de 9,88 € por hora en el territorio francés. El conductor no solo debe recibir el equivalente del SMIC, sino también la cobertura de otros gastos de viaje.
Desde el 1° de enero de 2017, los transportistas tienen la obligación de crear sus certificados de desplazamiento únicamente a través del sitio francés del ministerio de trabajo: https://www.sipsi.travail.gouv.fr.
La ley exige completar un certificado de desplazamiento fechado y firmado antes de la partida del conductor hacia Francia, cuya validez máxima es de 6 meses.


La declaración debe incluir:
1. Nombre de la empresa, correo electrónico y dirección postal, número de teléfono, forma jurídica de la empresa, apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento del representante legal y dirección de la seguridad social de la cual depende la empresa.
2. Apellido y nombre del empleado, fecha y lugar de nacimiento, dirección, nacionalidad, fecha del contrato de trabajo y derecho aplicable; salario bruto en euro y detalle de los gastos de viaje reembolsados
3. Nombre y dirección del representante designado en Francia, que debe ser designado por un periodo mínimo de 18 meses después del final de la validez del contrato
4. Cuando se trata de un conductor que depende de una agencia de trabajo temporal, la declaración también debe incluir: el nombre de la empresa, correo electrónico y dirección, teléfono y número de SIRET de la empresa en Francia, comienzo del desplazamiento y fin previsto, medio de transporte y dirección posible en Francia.


¿Qué documentos se deben llevar en el camión?
El certificado en dos ejemplares, uno en el camión y otro para el representante. Además, se debe llevar una copia del contrato de trabajo del conductor en la lengua del país (traducción no obligatoria).


Sanciones
Multas de 750 € en caso de no presentar los documentos en el camión y posteriormente en caso de control de 2 000 € por empleado y 4 000 € en caso de recidiva. El importe total de las sanciones puede llegar a 500 000 €.